Estudian las estrategias para la transición energética justa, las transformaciones territoriales y sus impactos ambientales y económicos

A nivel global, el debate actual sobre la transición energética plantea una necesidad de avanzar en el uso de fuentes de energía menos contaminantes y de tecnologías eficientes que promuevan el cuidado del ambiente. Este proceso de cambio implica no sólo un componente ambiental y energético, sino también económico y social. Se evidencia a partir de los impactos en los costos, y del reconocimiento de que el consumo de energía tiene como fin satisfacer necesidades de la vida cotidiana de las personas y del ámbito de la producción.

A partir de un convenio de colaboración, especialistas del CONICET en la Fundación Bariloche y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, desarrollan acciones con el fin de potenciar las capacidades científicas en el abordaje del estudio de las transiciones energéticas y de las transformaciones territoriales. Así, buscan contribuir a la elaboración de políticas a partir de la integración de enfoques a escala global y en territorio adaptado a las realidades de Argentina.

La investigadora del CONICET Marina Recalde, vicedirectora del Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche, destaca la importancia de este convenio y la posibilidad de estas colaboraciones con el Centro de Estudios Sociales de América Latina (CESAL-UNICEN) “que hace que tres instituciones como el CONICET, la Fundación Bariloche y la UNICEN se favorezcan al compartir conocimientos y aunar esfuerzos en el estudio de un mismo problema”. Y agrega: “Este tipo de convenio posibilita que los investigadores compartan sus enfoques en torno a las preguntas que se hacen, porque en definitiva de eso se trata la investigación, de hacerse preguntas, buscar respuestas, compararlas, compartirlas y así avanzar. Es positivo que investigadores que están mirando un mismo problema o una misma situación desde distintos lugares puedan intercambiar para tener la visión completa de la situación. Es de esta forma colectiva como se construye el conocimiento que tiene un impacto real para el país”.

Este convenio se propone estudiar los desafíos que enfrenta Argentina para la transición energética justa desde un punto de vista global y territorial, con la identificación de los potenciales costos y beneficios de las estrategias de transición a nivel local y regional, así como las barreras para su implementación, dando lugar a propuestas de políticas públicas. Sobre la transición energética justa, Recalde expresa que “quiere decir que todos los países puedan migrar a ese uso más sustentable y eficiente de la energía, pero que no comprometa sus economías y no tenga un impacto significativo sobre el desarrollo de su población. Se trata de respetar las necesidades y condiciones específicas de cada lugar y elaborar estrategias que sean consistentes con la ambición ambiental pero que no afecten su posibilidad de desarrollo socioeconómico”.

Según la especialista en Economía de la Energía y Ambiente, la forma en la que se consume este recurso impacta en los costos de producción de toda la economía, así como en las facturas que pagan los hogares y en otras variables macroeconómicas, “esa necesidad de cambiar fuentes que en algunos casos son más baratas por fuentes más caras o tecnologías más innovadoras, suelen tener un costo más alto”, afirma Recalde. Para ejemplificar, la investigadora detalla que en países como Argentina no es lo mismo el costo del uso del gas natural para calefacción en hogares que de la electricidad, cambiar de un recurso a otro implicaría (en principio) pagar un precio más alto por la energía y la necesidad de inversiones para el recambio de tecnología con un impacto económico mayor. “La clave tiene que ver con reconocer distintas velocidades de transición y el apoyo económico que necesitan los países para transicionar. Es decir, que los costos se distribuyan diferente y que haya financiamiento más conveniente, esa es la idea detrás de la transición energética justa”, indica Recalde.

La transición energética está directamente relacionada con los procesos de descarbonización y necesidad de bajar la cantidad o el contenido de carbono del sector energético, uno de los principales responsables de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel global. De acuerdo con la científica, a nivel internacional, existe una necesidad urgente y, de consenso generalizado, de actuar al año 2050 o antes para alcanzar la neutralidad de carbono, disminuir la cantidad que se emite anualmente con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura.

La planificación estratégica para la transición energética en el sector socioproductivo

Recalde señala que “todos los países que reconocen el rol estratégico de la energía en el sector socioproductivo desarrollan políticas energéticas. Este sector tiene como característica que necesita una planificación a largo plazo. Todas las inversiones energéticas y todo el camino que se recorre a nivel energético tiene, generalmente, un horizonte de 20 a 25 años aproximadamente”.

En ese sentido, Recalde puntualiza que se debe planificar de forma estratégica cómo alcanzar los objetivos planteados; “por ejemplo, si se propone que, como política energética, de acá a 30 años se va a sustituir el gas natural por la electricidad, hay que pensar cómo hacer para que todos los actores, las industrias, los hogares, el sector del transporte dejen de usar ese recurso y eso requiere planificar qué medidas hay que llevar adelante y después pensar cómo hacer para que en cada uno de los sectores cambien un recurso por otro, al tiempo que se necesita también planificar aspectos como la oferta, la transmisión y la distribución de energía. A nivel internacional esto se logra utilizando instrumentos de política adecuados, y diseñados caso por caso”. Y añade que llevar adelante una política energética es la única manera para garantizar que todas las personas adopten acciones con un objetivo común y no prácticas aisladas.

Este abordaje aplicado a la región de influencia de la UNICEN tiene como fin contribuir al desarrollo local sostenible tomando como estudios de casos del sector productivo de una región en particular: turismo, pequeñas y medianas industrias o agroindustrias donde existen potenciales acciones de eficiencia energética para reducir el consumo de energía con impactos significativos en las actividades de una ciudad. De esta manera, se toman como modelos de análisis en territorio para el desarrollo de estrategias de transición energética. Recalde precisa: “Se complementa así un enfoque territorial en el que el CESAL tiene gran trayectoria y experiencia de análisis, con un enfoque más global que es el que usualmente se utiliza en la Fundación Bariloche. Son dos caras de una moneda, pero que son necesariamente complementarias. Esa es la riqueza de este tipo de convenios de trabajo”.

La energía como bien social

Uno de los aspectos que menciona Recalde, clave para sus análisis en la investigación con respecto a la energía, consiste en “comprender por qué la población consume energía y para qué la producimos. No producimos energía porque sí, sino para que la gente cubra sus necesidades y para que el aparato productivo pueda funcionar”. Estas nociones las recupera a partir de sus experiencias y desarrollo de su carrera científica, señala “pude ver en ese enfoque socioeconómico y más abierto de la energía, que no es verla necesariamente como un recurso más que se comercia en un mercado energético, sino pensarlo distinto: cómo, para qué y cuánta energía necesitamos y producimos”.

La investigadora reflexiona que es relevante entender al sistema energético dentro del socioeconómico, y subraya que, en la Fundación Bariloche, donde desarrolla sus líneas de investigación sobre descarbonizaciones, mitigación y transición energética, tienen esa visión sistémica del sector energético, agregada y multidimensional donde el foco está puesto en el desarrollo humano.