Evalúan la legislación sobre el uso de plaguicidas en cultivos agrícolas

La legislación regulatoria del uso de plaguicidas agrícolas presenta diferencias a nivel global, según revela un estudio internacional recientemente publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B. El trabajo, liderado por Grecia de Groot, becaria postdoctoral del INIBIOMA (CONICET-UNCo), releva el estado legal de los ingredientes activos, es decir, los compuestos químicos que hacen que los plaguicidas cumplan su función en el control de plagas, hongos o insectos que afectan a los cultivos.

Estas sustancias, que están en los formulados comerciales, presentan diferencias en su aprobación: cerca del 50 % de los ingredientes activos autorizados para su uso en los principales cultivos agrícolas de América Latina no están permitidos en la Unión Europea debido a sus riesgos para la salud y el ambiente, señalan en la investigación.

“Realizamos un relevamiento de los ingredientes activos aprobados en América Latina y comparamos tanto con las clasificaciones sobre peligrosidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como con aquellos tratados internacionales firmados por los países evaluados, que versan sobre compuestos peligrosos para el ambiente y la salud humana. Esto nos permitió evidenciar que hay ingredientes activos de reconocida y probada peligrosidad que siguen aprobados en nuestra región”, explican las especialistas Grecia de Groot y Carolina Morales.

La investigación analiza la legislación de ocho países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) y la compara con la normativa europea. Los cultivos evaluados fueron: soja, maíz, arroz, caña de azúcar, trigo, manzana, palta, café, girasol y uva. En total, se identificaron 523 ingredientes activos aprobados para los diez cultivos analizados, de los cuales 256 (48,9%) estaban prohibidos o no autorizados en la UE.

“Existe una desigual implementación de los instrumentos internacionales evaluados y el necesario cuestionamiento del rol que cumplen para proteger de forma efectiva la salud del ambiente y las personas”, sostiene De Groot. Y explica: “Las consecuencias del uso de plaguicidas peligrosos se manifiestan en el aumento de los casos de cáncer, malformaciones durante el desarrollo, problemas respiratorios y metabólicos, entre otros, que afectan a trabajadores y poblaciones rurales de forma directa”. Asimismo, la especialista detalla que el uso extendido de los plaguicidas puede afectar a otras producciones como la apicultura, “contaminando las flores y el agua de las cuales se alimentan; y exponiendo a las abejas melíferas a dosis letales y subletales de compuestos que alteran su comportamiento y desarrollo”.

Según las científicas, los efectos sobre la salud humana y el ambiente son variables ya que dependen de la naturaleza química de cada ingrediente activo. Actualmente, existe una diversidad de familias químicas con diferentes modos de acción y efectos directos e indirectos. “Los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones de riesgo se focalizan en los efectos directos y agudos (letalidad) de los ingredientes activos, subestimando los efectos por exposición crónica a dosis subletales. Una vez liberados al ambiente, los plaguicidas pueden permanecer en el aire, agua y suelo, e interactuar con otros plaguicidas”, expresa Morales.

De acuerdo a los resultados del trabajo, los factores económicos influyen en la aprobación de plaguicidas. En el artículo sostienen que los cultivos con mayor producción o valor de exportación tales como la soja, maíz, trigo y arroz, tuvieron un mayor número de ingredientes activos aprobados en América Latina y no aprobados en la Unión Europea. Consideran que son cultivos de relevancia regional para la exportación y, América Latina como región, tiene un mayor crecimiento en el uso de plaguicidas y es una de las principales exportadoras de alimentos del mundo. Por esto advierten que es una combinación de alta demanda de plaguicidas y débil regulación en materia de protección ambiental y sanitaria.

De Groot reflexiona que: “La armonización de las regulaciones de aprobación y uso de plaguicidas en América Latina constituye un desafío en términos de gobernanza política, porque implica poner en cuestionamiento el paradigma agrícola hegemónico de nuestra región”. Y añade: “Creemos que este trabajo constituye un aporte fundamental porque visibiliza una realidad alarmante para la salud de nuestros territorios, largamente denunciada por las comunidades que sufren las consecuencias de los plaguicidas, que requiere acciones concretas y urgentes en términos de gobernanza”.

Para finalizar, De Groot y Morales, aseveran que “sin una gobernanza global que contemple una normativa igualmente rigurosa para todos los países y regiones se generan asimetrías profundamente injustas, donde los países con legislaciones más débiles terminan aplicando en sus territorios compuestos que no están permitidos en países con legislaciones más rigurosas”.  Y afirman que el acceso a la información es fundamental: “El derecho a la información ambiental está garantizado por el Acuerdo de Escazú, así como también la participación pública en decisiones que afecten el ambiente y el acceso a la justicia ambiental. Cualquier ciudadano o ciudadana, pero en particular trabajadores del campo, consumidores y comunidades rurales, debe tener acceso a información oficial, confiable, rigurosa y actualizada de los productos que se usan en su país o región, datos sobre volumen de venta y aplicación de cada compuesto discriminados a la menor escala espacial posible, de la peligrosidad de los ingredientes activos aprobados, si se usa en otras partes del mundo o no, y por qué”.