Detectan bioacumulación de rodenticidas en aves rapaces de la Patagonia

En la interfase entre bosques y áreas urbanas de la Patagonia Norte, el control de roedores representa un desafío ambiental y sanitario, acentuado por la necesidad de prevenir enfermedades como el hantavirus. Entre las estrategias utilizadas para el control de estas poblaciones se encuentran los rodenticidas anticoagulantes SGAR (anticoagulantes de segunda generación), sustancias que también pueden afectar otras especies de la fauna silvestre con su uso. Un equipo de investigación del INIBIOMA (CONICET-UNCo) estudió la presencia de estos componentes en aves rapaces y detectó residuos en sus tejidos. Los resultados fueron publicados en la revista científica Journal of Hazardous Materials.

“Gracias a una colaboración con colegas de Estados Unidos y España, pudimos demostrar que, en nuestras aves rapaces de Patagonia, al igual que está ampliamente documentado en otras partes del mundo, un 20% de las aves analizadas contenía rodenticidas —de varios compuestos diferentes— en el hígado”, indica Valeria Ojeda, investigadora del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo).

En el año 2019, tras la floración de la caña colihue en Villa La Angostura (Neuquén) y alrededores, durante más de un mes aparecieron lechuzas muertas en gran cantidad en las áreas periurbanas en contacto con los bosques. Esta problemática, generó preocupación en la comunidad por identificar las causas de la muerte de esa especie y la especialista comenzó a trabajar sobre la posible relación con el uso de rodenticidas y la “ratada”, época de proliferación de roedores.

Durante la búsqueda de laboratorios especializados para estudiar los ejemplares de lechuzas muertas, según la científica, no encontraron ni en Argentina y Sudamérica; por lo tanto iniciaron “un proyecto, que viene avanzando en etapas, para poder analizar aquí mismo estos compuestos, dado que se aplican en forma masiva en toda la zona, de la mano del temor al hantavirus y la necesidad de mantener los domicilios e instalaciones de diverso tipo libres de roedores”, explica Ojeda.

Asimismo, indica que: “Los rodenticidas anticoagulantes (RAs) impiden la coagulación, por lo cual matan a los roedores por hemorragias internas”. Y agrega que afecta por igual a todos los vertebrados: “Esta falta de selectividad de los compuestos RAs es una primera luz roja que nos hace reparar en los riesgos de utilizarlos a nivel masivo, de manera desregulada”.

En este contexto, los depredadores naturales cumplen un rol ecológico fundamental, “las especies que contribuyen a limitar las poblaciones de roedores silvestres e introducidos, como las ratas, son muchos de los carnívoros y carroñeros que habitualmente tenemos a nuestro alrededor: jotes, carancho, chimango, cóndor, aguiluchos, halcones, zorros, gatos silvestres, zorrinos, entre otros. Sin embargo, las cazadoras más eficientes de roedores y, por ello, algunas de las especies más expuestas a los RAs y a sus efectos negativos, son las lechuzas”, enfatiza Ojeda.

Esto se da porque los roedores están activos, principalmente, durante la noche, al igual que las lechuzas, describe la científica. Poseen adaptaciones específicas para una caza nocturna, silenciosa y eficiente. “Cuidarlas es cuidar a nuestros principales aliados naturales para el control de roedores”, sostiene.

El efecto de los rodenticidas anticoagulantes sobre los roedores no es inmediato, sino que puede demorar hasta 15 días, según el tamaño del animal y de la cantidad de sustancia ingerida. En ese período, los roedores presentan alteraciones en su comportamiento que pueden facilitar su captura por parte de otros animales. Al respecto, Ojeda detalla: “Una vez muerto, queda disponible fácilmente para los carroñeros. Por lo tanto, son muy frecuentemente consumidos por aves rapaces -diurnas como el chimango, y nocturnas como las lechuzas-, carnívoros terrestres como zorros, zorrinos, hurones, gatos silvestres y domésticos, perros y todo animal atraído a depredar -o juguetear- con un roedor moribundo o muerto”.

Estos compuestos se pueden transferir de un organismo a otro a través de la alimentación. La investigadora señala que pueden acumularse en los tejidos, especialmente en el hígado, órgano en el que se concentran los análisis para detectar su presencia. De este modo, un roedor que ingiere rodenticidas puede transmitirlos, y estos, a su vez, a otros animales que se alimenten de ellos. “Los RAs son persistentes en las cadenas tróficas y bio-acumultativos”, comenta Ojeda.

Además de identificar la presencia de estos compuestos, el equipo científico desarrolló un método para evaluar sus posibles efectos en las aves a partir de la medición de la vitamina K1 en el hígado. Señalan en el artículo que “dada la dificultad de diagnosticar la intoxicación por SGAR a nivel individual, desarrollamos un método novedoso para medir la concentración hepática de vitamina K1, combinado con el análisis de residuos de SGAR”. Y puntualizan: “Mediante este método, confirmamos que las aves con residuos de SGAR presentaban concentraciones hepáticas más bajas de vitamina K1, lo que abre la posibilidad de utilizar este biomarcador para respaldar el diagnóstico de la intoxicación por SGAR. Este fue el caso de un búho Tucúquere (Bubo magellanicus) con signos de coagulopatía”.

En cuanto a las líneas de investigación a futuro, “Estamos avanzando hacia el desarrollo de capacidad analítica para detectar RAs en tejidos animales en Bariloche, mediante una cadena de colaboración que inicialmente involucra capacidades científicas del INIBIOMA (CONICET-UNCo) e IRNAD (CONICET-UNRN), y potencialmente al IPATEC (CONICET-UNCo) en alguna etapa aún por definir”, expresa la especialista. Así, destaca la importancia de desarrollar estas técnicas en el país para ampliar posibilidades en sus investigaciones y, además, continuar con la colaboración internacional con científicos con el objetivo de garantizar estándares de calidad en los procedimientos.

Para finalizar, en relación a los desafíos que plantea el uso de estos compuestos, Ojeda subraya la necesidad de impulsar cambios que contemplen la dimensión cultural, sanitaria y ambiental. “En consecuencia, una prioridad es promover abordajes estructurales que hagan posible el cambio: marcos regulatorios basados en la evidencia científica, alternativas de control eficaces y accesibles, y estrategias de comunicación que integren los riesgos sanitarios y ecológicos. No alcanza con pedirle a la sociedad que cambie sus prácticas: es necesario generar las condiciones institucionales, regulatorias y prácticas que permitan hacerlo”, concluye.